Amplio respaldo empresario a la reforma laboral: "Viene a corregir distorsiones que solo generaron conflictos y destrucción de empleos"

La media sanción en el Senado del proyecto de modernización laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei recibió el respaldo de las principales entidades empresarias del país. Desde distintos sectores señalaron que la iniciativa establece un nuevo marco normativo para el mercado de trabajo, con el objetivo de ordenar las relaciones laborales, disminuir la conflictividad judicial y generar condiciones para la creación de empleo formal en un escenario de eventual recuperación económica.

Desde la Asociación Empresaria Argentina (AEA) afirmaron que la actividad privada se vio restringida durante años por diversos factores, entre ellos la necesidad de actualizar la legislación laboral. “La actividad de las empresas privadas en la Argentina ha estado limitada durante largo tiempo por una serie de factores, entre ellos, la necesidad de actualizar las normas laborales. Brindar previsibilidad y reducir la litigiosidad en este ámbito, no hay duda, es necesario para incrementar el empleo formal en nuestro país”, señalaron de acuerdo a lo informado por el diario La Nación.

En la Unión Industrial Argentina (UIA) destacaron aspectos del proyecto que, según la consultora Empiria, implicarían un costo fiscal estimado de 0,1% del PBI en 2026 y de 0,2% del PBI anualizado una vez en plena vigencia. La entidad puso el foco en cambios vinculados a la gobernanza interna de las pymes, como la incorporación de “reglas más claras” sobre la actuación sindical. Entre ellas, el límite de 10 horas mensuales para la gestión sindical, la delimitación de la protección exclusivamente al delegado y la regulación del funcionamiento de asambleas. “Esto reduce el conflicto permanente dentro de las plantas, especialmente en pymes”, indicaron.

La central fabril también subrayó que se fijan “criterios taxativos” para los conceptos que integran la indemnización por despido, excluyendo rubros que anteriormente podían incorporarse de manera “arbitraria”, como adicionales, vacaciones o aguinaldo. “Todo esto genera mayor previsibilidad en los costos laborales y permite a las empresas planificar sin la incertidumbre que generaba la litigiosidad”, sostuvieron.

En relación con el Fondo de Cese Laboral (FAL), señalaron que se estableció un aporte del 2,5% para pymes y del 1% para empresas de mayor tamaño —antes era 3%— y lo definieron como un instrumento orientado a otorgar previsibilidad. “Son porcentajes que reflejan lo que las empresas gastan anualmente en indemnizaciones”, indicaron.

La UIA también destacó modificaciones en el proceso judicial laboral y la incorporación de herramientas para prevenir bloqueos y tomas de establecimientos. Asimismo, valoró el fin de la ultraactividad de los convenios colectivos como un incentivo para renegociar condiciones laborales acordes a nuevos contextos productivos y señaló que se fortalecen las facultades del empleador para organizar el trabajo y asignar tareas.

Martín Rappalini, presidente de la Unión Industrial Argentina.

En materia de licencias y ausentismo, la entidad señaló que se introducen mecanismos más transparentes para el control de certificados y que se elimina el pago en casos de inasistencia sin causa. También consideró que el banco de horas aporta flexibilidad para adaptar la jornada a las necesidades productivas.

“El régimen laboral anterior fracasó”, afirmó el presidente de la UIA, Martín Rappalini. “El empleo formal lleva más de 15 años sin crecer, mientras la informalidad alcanzó niveles récord. Llegamos a tener más de 600.000 juicios laborales, lo que equivale a cerca del 10% de la nómina total en litigio. A eso se suman niveles de ausentismo también récord, entre el 8% y el 10% según el sector, en gran parte por un sistema de enfermedades difícil de controlar. Este nuevo marco laboral viene a corregir esas distorsiones que, durante años, solo generaron conflicto y destrucción de empleo”, expresó.

Rappalini agregó que la iniciativa “crea un nuevo marco normativo que da previsibilidad a las relaciones laborales futuras. Es un cambio estructural hacia adelante. Esperemos que la economía reactive y podamos generar empleo, pero sin un sistema laboral previsible era muy difícil que eso ocurriera. De hecho, llevamos más de 15 años con el mismo nivel de empleo formal registrado”.

El respaldo al proyecto también fue manifestado por entidades del sector financiero. Desde la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba), su presidente Javier Bolzico afirmó: “El proyecto aprobado por el Senado genera las condiciones para crear empleo y facilita la formalización laboral; en un marco de estabilidad y crecimiento económico”. Añadió que la iniciativa garantiza que los haberes estén bancarizados y que se mantenga la gratuidad de las cuentas sueldo.

En la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), su titular Claudio Cesario sostuvo que la media sanción representa una respuesta a la necesidad de incorporar trabajadores al mercado formal y valoró que se hayan contemplado planteos técnicos del sector para proteger los depósitos salariales y sostener el desarrollo del crédito.

Desde la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, su presidente Adelmo Gabbi consideró que se trata de “un paso adelante muy importante” y señaló que, si bien el proyecto inicial incluía la exención de la renta financiera en el Impuesto a las Ganancias, ese punto no fue incorporado en la versión aprobada.

Por su parte, el presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Mario Grinman, afirmó que la iniciativa “favorecerá tanto la formalización de relaciones laborales no registradas como la generación de nuevos puestos de trabajo”. No obstante, señaló que para lograr un crecimiento sostenido del empleo privado registrado será necesario acompañar la reforma con un entorno macroeconómico adecuado.

Desde la Sociedad Rural Argentina (SRA), su presidente Nicolás Pino calificó la media sanción como una señal positiva hacia una mayor competitividad y recordó que la entidad viene trabajando en propuestas de modificación de la Ley de Trabajo Agrario. “El campo y las economías regionales necesitan reglas claras, previsibles y adaptadas a la realidad productiva del interior”, sostuvo.

En tanto, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham) expresó en redes sociales que la propuesta avanza en la dirección de reducir la litigiosidad y otorgar mayor previsibilidad. “La propuesta avanza en la dirección correcta: incentivos a la revisión de las relaciones empleador-colaborador, menor litigiosidad y más previsibilidad. Hoy emplear en la Argentina implica altos costos y decisiones judiciales que desalientan nuevas contrataciones. La discusión no es un debate ideológico: es una realidad que nos imposibilita superar nuestras históricas vulnerabilidades”, indicaron.

“Modernizar no es quitar derechos. Es dar previsibilidad, generar incentivos para contratar y abrir nuevas oportunidades para las nuevas generaciones. El desafío es claro: una Argentina que vuelva a desarrollarse, genere empleo formal, más inversión y oportunidades de acuerdo con las distintas realidades locales. Ese es el camino hacia una Argentina federal en desarrollo”, concluyeron.